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Portal Informativo Venezolano

La “traición” a Maduro se paga caro 31/08/2017    @AndreTostaM

Publicado en 13 Septiembre 2017 por La Hemeroteca De Luis Rondon.over-blog.com

 

Bajo la premisa de seguir el legado del fallecido Hugo Chávez, un bloque chavista se separa de las medidas políticas y económicas de Nicolás Maduro. Ni la defensa de la Constitución ni su trayectoria alineada al gobierno anterior los exime de amenazas e intimidación por parte de la cúpula estatal.

El ensañamiento es hasta peor que con los opositores de siempre

Salirse de la línea discursiva del gobierno de Nicolás Maduro puede ser sinónimo de acoso verbal y hasta físico. Sin piedad. Cuando el resguardo del legado más palpable de Hugo Chávez –la Constitución de 1999- es la consigna, la retaliación es pública y notoria desde el Ejecutivo. Las formas desaparecen y se da paso a los fotógrafos anónimos, el acoso cibernético, las llamadas vigiladas, las persecuciones evidentes.

El castigo puede ser peor que el propinado a los opositores “tradicionales” o “históricos”. La disidencia chavista lo afronta con la convicción de ser guardianes de la palabra de su líder, muerto y enterrado.

El libre pensamiento es casi inadmisible desde las filas rojas desde que el actual gobernante llegó a Miraflores. Se le califica de traición a la patria reprochar medidas políticas y económicas. Son los chivos expiatorios de un modelo totalitario, aclara el sociólogo y analista político Carlos Raúl Hernández:

“En las revoluciones, el tratamiento que se da a los disidentes tiene una función ejemplarizante. No solo en la administración de la justicia, sino en una medida de esclavitud. El pensar distinto es un crimen contra la revolución.

Siempre ha sido así”.

En 2012, cuando el entonces gobernador de Monagas, José Gregorio “El Gato” Briceño”, saltó la talanquera el castigo fue a su entorno. 11 emisoras de radio, incluyendo aquellas que transmitían su programa semanal, fueron clausuradas por Conatel argumentando cese de las concesiones o ilegalidad en las operaciones.

Quien se salga de la línea es acallado.

También lo supo el columnista estrella del chavismo, Toby Valderrama, cuyo Grano de Maiz comenzó a ser calificado como reaccionario, incluso por sus más fieles seguidores de algún momento, como Mario Silva.

En 2015, los exministros Héctor Navarro y Jorge Giordani fueron atacados por turbas maduristas apostadas en la “Esquina Caliente” y acusados de traidores, durante una rueda de prensa que encabezaban en el centro de Caracas. En 2016, el portal Aporrea ya era un espacio abierto a la crítica. Manejado por integrantes de Marea Socialista, dejó de ser megáfono digital de la línea oficial. Tuvo consecuencias. Varias veces estuvo fuera de línea, siempre por “ataques cibernéticos”.

En 2017 se incrementaron los hackeos, incluyendo uno de hasta cinco días seguidos. En un editorial titulado “Respeten a Aporrea”, Gonzalo Gómez, su director, asoma que el portal es un objetivo a vencer por el contenido de sus artículos de opinión.

 

No hay contemplaciones, como no las hubo con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Ella se guardaba sus diferencias con Maduro desde la muerte del expresidente Hugo Chávez, a quien obedecía sin esconder sus preferencias políticas.

Pero las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que restaban competencias a la Asamblea Nacional (AN), terminaron de despertaron a una Fiscal que pareció haber estado en coma inducido ante las violaciones de DDHH de las protestas de 2014.

Durante 2017 se encargó de elevar su voz ante la “ruptura del orden constitucional” por los detenidos de forma arbitraria, por los torturados, por los asesinados, como lo hizo al esclarecer la causa de muerte del estudiante Juan Pablo Pernalete el 26 de mayo. Fue tildada de “traidora” y “poco objetiva” por ello.

El mismo Maduro la acusó de apoyar la “insurgencia armada” haciendo referencia a las protestas opositoras. Finalmente fue removida arbitrariamente de su puesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y sustituida por Tarek William Saab.

Ortega Díaz tuvo que huir escoltada en moto de la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo luego de que le impidieran la entrada. También, junto a su esposo Germán Ferrer, denunció intimidación a su familia y responsabilizó al régimen de posibles agresiones. “Yo vengo de la IV República y sé lo que es esta situación. Nosotros decíamos que la dictadura de Pérez Jiménez se había quedado corta con la represión de la Cuarta en los gobiernos de AD y Copei, pero ahora puedo decir que los gobiernos de la Cuarta se quedaron cortos con la represión que se impone hoy en Venezuela. Por este camino, vamos a una franca dictadura”, dijo el diputado por el PSUV a comienzos de julio.

Días más tarde, ambos salieron a escondidas del país en una lancha rápida desde la península de Paraguaná, al noroccidente del país, hacia Aruba y de allí en avión hasta Colombia. Ha visitado Brasil, Panamá y Costa Rica también, haciendo fuertes denuncias de corrupción.

Golpes a mi puerta

El bullying político evolucionó al acoso abierto. La exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez denunció en junio de 2017 ante la Fiscalía General la presunta intimidación que ha recibido a través de las redes sociales. Y, más allá, la Operación ‘Tun Tun’ se activó contra los “traidores”. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanó la residencia de Luisa Ortega y Germán Ferrer en la Alta Florida a petición de Diosdado Cabello. Así lo denunció la Fiscal General por su cuenta de Twitter. Venezolana de Televisión (VTV) lo transmitió días después, escudriñando en su estilo de vida y, según TalCual, obviando información importante.

Luego le cayó de nuevo a un exaliado. Con ellos son más duros. Cinco patrullas, 15 efectivos encapuchados y “apertrechados hasta los dientes”, y una ambulancia se desplegaron en la calle donde reside el politólogo chavista, Nícmer Evans. Lo buscaban con tanta fuerza para preguntarle si se había comunicado con el diputado Ferrer, también acusado por Cabello y Saab de corrupción y extorsión, y ordenada su detención por parte del TSJ. “Llegué a la conclusión de que no estaban buscándolo. Ellos tocaron mi puerta a las 9:50 de la noche para darme un mensaje: ‘Ahora venimos por ti’”, aclara.

Evans asegura que la subversión es inaceptable para el gobierno de Maduro. También se queja del sectarismo del partido de gobierno y de la falta de crítica y autocrítica, “el no permitir que hubiese esa voz dentro del proceso que admitiera las cosas que se piden en el país”, apunta. Lo ha vivido en carne propia como miembro de Marea Socialista, movimiento político del que formó parte y que encarnó la primera separación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desde su creación en 2008.

A los meses de la ruptura, el politólogo descubrió que su teléfono estaba intervenido y que hackearon su correo electrónico y redes sociales, que logró recuperar a los días. Además, admite que padece un acoso comunicacional permanente en programas como El Mazo Dando, Zurda Konducta y La Hojilla, lo mismo que de usuarios anónimos por Twitter. “Han usado excusas y argumentos para intensificar la búsqueda de terrorismo de Estado, que se ha incrementado. Para la izquierda democrática que surge del mismo seno del chavismo, la búsqueda del aplastamiento de la disidencia es absoluto”.

El bloque chavista anti-Maduro

Evans, Ortega Díaz y Ferrer forman parte de un frente chavista que condena las acciones de gobierno de Maduro. Allí también están Víctor Álvarez, exministro de Industrias Básicas y Minería; Héctor Navarro, exministro de Educación; y Ana Elisa Osorio, exministra de Ambiente, entre otros. En resistencia desde el chavismo puro y duro, algunos han llegado a estrechar manos y fotografiarse con líderes opositores como el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, y el vicepresidente de la AN, Freddy Guevara.

Allí se cuenta Eustoquio Contreras, cuya separación del régimen detonó por la convocatoria a una la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El diputado se separó del Bloque de la Patria del Poder Legislativo durante la sesión del primero de agosto y creó el Bloque Parlamentario Socialista, junto a Ferrer, en defensa “del proyecto de la patria y el legado de Chávez”, y para reincorporarse a la Asamblea Nacional abandonada por el PSUV.

Defendió la consulta popular para activar una ANC y su voz se ha hecho más dura con su instalación “No he sentido una intimidación directa, pero si ocurriera la veo dentro de los riesgos de un político. No me trasnocho por eso. Que ocurra lo que tenga que ocurrir, mi conducta es producto de la consciencia a favor de revolución”, sentencia. Contreras admite que la disidencia ha aumentado con Maduro a la cabeza del Ejecutivo.

Desde las filas militares, saltan nombres como Miguel Rodríguez Torres, quien en 1992 participó en la primera intentona de golpe de Estado y ahora es un duro crítico del gobierno de turno. Sin embargo, ha sufrido el mal de la retaliación cuando la casa de su padre en el estado Apure fue “allanada”, sin orden judicial, como lo denunció por su cuenta de Twitter. Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó todas las candidaturas para las elecciones regionales que inscribió el Movimiento Amplio Desafío De Todos (MADDT), que dirige, incluyendo la de su progenitor; y desde el PSUV ha sido acusado de estar vinculado con la CIA en Venezuela. Eva Golinger salió en su defensa, y también fue puesta en la mira de la “traición”.

Como Rodríguez Torres, efectivos que participaron en el movimiento subversivo del 4 de febrero de 1992, entre los que se encuentra el exgobernador de Mérida, Florencio Porras, manifestaron su descontento en un comunicado. “Siempre estarán pendientes de cómo tratar de callar a Clíver Alcalá”, lapida el mayor general y ex comandante de la Red de Defensa Integral (REDI) hablando de sí mismo en tercera persona. El oficial egresado de la Academia Militar entra en el lote de quienes ayudaron a Chávez en su intento de tomar la presidencia por las armas hace 25 años.

Fue el primero en calificar como “chavista” a la Fuerza Armada Nacional (FAN) y ha tenido una trayectoria escandalosa cuando era afecto al gobierno. Incluso fue señalado por el exmagistrado Eladio Aponte Aponte, exiliado en Estados Unidos, de haber colaborado con delitos de narcotráfico en abril de 2012. Nada pudo con él, ninguna acusación, ninguna investigación. Hasta que se desmarcó de Miraflores. En 2016 apoyó el revocatorio y criticó la Operación Liberación al Pueblo (OLP) luego de la masacre de Barlovento. Un año después, continúa recibiendo improperios aunque, hasta ahora, ni amenazas ni persecuciones. “La disidencia del chavismo hoy en día tiene su propia realidad. Han minimizado el efecto que se genera desde ese espacio. Desde el chavismo vimos que era posible algo más allá de la ideología y creemos en la decencia”, asevera.

La escalada

Ser disidente del gobierno de Chávez y de Maduro no es lo mismo. El general Raúl Isaías Baduel es ejemplo de cómo la intimidación, los malos tratos y las amenazas pueden evolucionar con los años, y los cambios presidenciales. Su lealtad a Chávez marcó los sucesos de 2002: encabezó el movimiento militar que lo restituyó en el poder luego de un golpe de Estado. Fue comandante general del Ejército y llegó a la cabeza del despacho de Defensa en 2006. Hasta que encontró su punto de quiebre en 2007, cuando el “Comandante supremo” propuso reformar la Carta Magna de 1999. El proyecto se estrelló en las urnas, por la mínima, y en la conciencia del general Baduel, quien se manifestó abiertamente en contra. Acusaciones de corrupción lo llevaron tras las rejas de Ramo Verde en 2009, aunque se autocalificó como “un preso de Hugo Chávez”. Hasta la actualidad, atribuye su sentencia a las diferencias con el plan de gobierno chavista.

Enviado a su casa en arresto domiciliario y de nuevo encerrado en un calabozo justo antes de cumplir condena, ahora Baduel está desaparecido luego de un traslado irregular que lo sacó de Ramo Verde. Su castigo se ha hecho más duro con Maduro en el poder. Su familia también paga. “Es obvio que tengo el celular intervenido”, dice su hija Andreína Baduel, quien ha padecido un acoso in crescendo por más de ocho años continuos. “Es evidente cuando estás sentado en un restaurante, por ejemplo, y se sientan al lado de ti cuatro hombres, que pagan con tarjetas de los bancos donde cobran los militares, y lo que hacen es tomarte fotos. Su actitud corporal es amenazante, lo hacen para amedrentarnos. Y saben que los reconocemos. Me han llegado a decir ‘lo siento, es mi trabajo’”, cuenta la muchacha. La intimidación ya es parte de su cotidianidad.

A pesar de la vigilancia, cuenta sin temor que a su papá lo sacaron de la cárcel militar Ramo Verde el 8 de agosto a las 5:30 de la mañana y desde entonces no hay fe de vida que le confirme su estado de salud ni su ubicación. Se ha trasladado a las sedes del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), del Comando Nacional Antidrogas (Conas), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); incluso a la base aérea de Maracay, en Aragua, por supuestos pitazos de que allí estaba. Nada. Su familia le atribuye al gobierno de Maduro la ausencia del general Raúl Isaías Baduel. El Fiscal designado por Constituyente, Tarek William Saab, confirmó que el militar fue cambiado de sitio de reclusión, sin informar su paradero.

Los castigos, persecuciones, expulsiones y condenas son la respuesta del poder gobernante ante quienes “se pasan” a la oposición. El 20 de junio, Luisa Ortega Díaz aseguró que en Venezuela el “estado de derecho está desmantelado y vivimos en un estado de terror”. Su caso, como el de los demás críticos desde los intestinos del chavismo, demuestra cómo levantar la voz se responde con fuerza. Un escarmiento para evitar que terceros sigan el ejemplo. Después de todo, “si eso es contra la Fiscal General, ¿qué queda para el ciudadano de a pie?”, se preguntaba Ortega Díaz.

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