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Portal Informativo Venezolano

Constitución de 1999, hojilla de doble filo 30/08/2017    | @Emily_Avendano

Publicado en 13 Septiembre 2017 por La Hemeroteca De Luis Rondon.over-blog.com

 

Unos y otros manosean el texto constitucional y hacen que calce a la medida de sus necesidades. La Carta Magna es un compendio de principios, algunos incluso cuestionables, pero su uso debería ser en función de la ética, dicen los expertos.

El poder la tuerce a conveniencia

Es la hoja de ruta que dirige el destino del país. Descrita insistentemente por el fallecido Hugo Chávez –su propulsor– como “la mejor Constitución del mundo”, la carta magna aprobada en 1999 es utilizada por unos y otros como una patente de corso para hacer y deshacer, incluso contradiciendo unas interpretaciones con otras.

La Constitución es el marco que sirve para desarrollar luego el Estado y su organización. También para poner límites en el ejercicio de los gobernantes y establecer los derechos de las personas.

En consecuencia debe ser suficientemente “abierta y concentrada” para facilitar acuerdos y decisiones de personas, grupos sociales y partidos políticos. Antonio Canova, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello, subraya que debe ser suficientemente amplia para permitir el pluralismo político. No obstante, eso no evita que critique el texto vigente:

“Nuestra Constitución es bastante mediocre porque es ambigua, centralista, militarista. Pero lo que pasa no pasa por eso, ocurre porque su función es limitar al Gobierno y este Gobierno no quiere ser limitado.

Le importa es concentrar el poder”.

Sin embargo, constitucionalistas advierten que el problema no es el texto, sino quienes lo interpretan. Polémicas sobre su aplicación ha habido muchas. Ya el año pasado algunos constituyentes de 1999 reconocían a Clímax -al recordar los debates para aprobar el articulado de los referéndum- que, quizás, debieron ser más explícitos en los artículos para invocar el revocatorio o para declarar la falta absoluta del Presidente de la República. El Consejo Nacional Electoral no puso de su parte y no hubo consulta, pese a que ese era uno de los puntos de honor para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) invocada al cierre del siglo XX.

Han transcurrido 18 años; ahora una nueva ANC hace de las suyas. No por 180 días, como su predecesora, sino por dos años, que bien podrían ser más. La instancia se instaló sin referéndum, esta vez consultivo, debido a la interpretación que hizo el Ejecutivo de los artículos 347 y 348 de la aún vigente Carta Magna de 1999, respaldado luego por su bufete: la Sala Constitucional.

Tampoco con bases comiciales que la rigieran. Se asumió que ese poder “supraconstitucional” es la ausencia de márgenes.

El presidente Nicolás Maduro se aprovechó de la disposición que reza que la iniciativa para convocar la ANC era suya y obvió el artículo 5; ese que dice que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.

“Él convocó solo, sin considerar al pueblo. Se apoya en criterios absurdos. Llamar a la ANC sin consulta obvia la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de enero de 1999. Son un súper poder que hace y deshace y llaman a una constituyente cuya única función es crear un nuevo ordenamiento jurídico.

El problema no es el contenido de la Constitución, cuya norma es que sea general, más principista. No decir al dedillo todo lo que hay que hacer, para eso son las leyes”, argumenta el abogado Juan Manuel Raffalli.

El debate sobre los puntos débiles de la Constitución de 1999 es, incluso, filosófico. Para Gustavo Manzo, profesor de Derecho Constitucional en las universidades Central de Venezuela y de Carabobo, el problema no es el objeto, sino el sujeto: “Oficialismo y oposición, ambos hacen una interpretación inmoral y no ética del texto, que nos lleva a los desastres que hemos visto durante el último año y medio.

Que convoquen la ANC sin un referéndum o que la Asamblea Nacional acuerde el abandono del cargo del Presidente no son producto de las falencias de la Constitución, sino de intérpretes no éticos”.

Sala a la medida

Quién aplica la ley, cómo se aplica, cómo se interpreta y quién la aplica no son detalles menores en este debate. Aparece entonces la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: la intérprete última del pacto social venezolano. Controlada férreamente por el chavismo desde su creación en 1999, su rol como defensora del partido se ha exacerbado desde el 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición se hizo con la mayoría en la Asamblea Nacional.

Su genuflexión ante el Gobierno raya en el escándalo.

Esta dependencia del TSJ se ha pronunciado más de 20 veces en sentencias que adversan a la oposición, incluyendo las sentencias 155 y 156 con las cuales incluso se apropió de las funciones del Poder Legislativo y eliminó la inmunidad parlamentaria.

Si bien fueron revisadas y revocados algunos aspectos, su sola existencia desencadenó una ola de protestas en el país que se prolongó durante cuatro meses y que dejó un saldo, extraoficial, de más de 150 fallecidos.

“La Sala Constitucional la conforman diputados del Gobierno. No es un tribunal sino un ministerio.

No se trata de un problema jurídico sino de un gobierno que no quiere someterse a limitaciones. Ahora lo que hay es un suprapoder, similar al de las monarquías de los siglos XVI y XVII, en las que el rey podía hacer lo que le daba la gana.

Es un tribunal inconstitucional, que emite leyes absurdas para justificar lo que la Constitución prohíbe”, advierte Canova. Subraya que esta sala en 100% de los casos se ha pronunciado a favor del Gobierno incluso al desempolvar la impugnación del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que ejerció la Mesa de la Unidad Democrática hace más de cinco años, cuando el chavismo tenía la hegemonía en el Parlamento.

“Antes, la Corte Suprema de Justicia daba la razón a las personas y le quitaba la razón al gobierno en una proporción de 50%. El Presidente ganaba la mitad de las veces y la otra mitad ganaba el ciudadano. Eso es lo que pasa en los países más o menos civilizados.

Ahora el porcentaje de victorias personales contra el gobierno es cero”, suma el académico.

Es por eso que María Verónica Torres, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Monteávila, subraya que antes de hablar de las debilidades de la Constitución de 1999 hay que señalar el rol de esta sala que ha hecho una “constitución enchaquetada” a partir de un recurso de interpretación abstracta sometido a necesidades políticas y no considerando los principios del constitucionalismo, que tiene a la separación de poderes como su norma principal.

Una violación tras otra

La falta de claridad en la forma en la que se aplica el artículo 350 también puede ser un ejemplo de multiplicidad de interpretaciones. Es el que habla del derecho a rebelarse y llama la desobediencia civil.

“Se utiliza como lo hizo la oposición en los últimos tres meses; pero en una situación de fuerza política de choque, gana quien tiene la fuerza. Más si están dispuestos a usarla y en la forma en la que vimos que la usaron”, afirma Raffalli.

Para Manzo, en cambio, el asunto es más profundo: “Me parece irresponsable el manejo que ha hecho la oposición. La AN emitió un decreto de desobediencia civil y expuso unas causales. Desde entonces ninguna condición ha cambiado, tenemos los mismos problemas que teníamos antes del 30 de julio. Venezuela ha estado sometida a 18 años de polarización política intensa y eso tiene consecuencias en las formas de razonamiento.

La oposición queda atrapada en una fórmula argumental que se llama falacia del falso dilema. ¿Regionales o diálogo? ¿Diálogo o morimos? Por mencionar ejemplos, cuando la verdad es que en el medio hay una cantidad de salidas.

La oposición debe aprender a salirse de la dicotomía”.

Mientras esto sucede, la Constitución es víctima de una violación tras otra. La más grave, en opinión de Canova, la enmienda que permite la reelección indefinida; también los controles económicos:

“La reforma de la ley del Banco Central de Venezuela abrió la puerta al endeudamiento, la corrupción, el aumento del populismo.

La inflación no es que los precios suben, es que el bolívar vale menos”.

Raffalli agrega otras: “Desconocer la composición de la AN, a través de una sentencia de desacato, que tiene más de 600 días y todavía no se ha presentado ninguna prueba del fraude; las sentencias 155 y 156; la convocatoria a la ANC; el irrespeto de la imparcialidad, pulcritud y celeridad del árbitro electoral; el papel no deliberante de las Fuerzas Armadas; las leyes de presupuesto, las leyes habilitantes”, y así el constitucionalista podría seguir enumerando durante un rato. Torres lo resume en que la Constitución ha sido violada en todas sus partes: económicas, políticas y sociales.

Ninguno de los abogados es optimista en que la situación cese. Manzo es lapidario:

“Tienen el poder y lo interpretan como les da la gana.

Mientras no haya separación de poderes, la salida es por el aeropuerto”.

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