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Luisa Ortega Díaz, una chavista que se separa de Maduro La lealtad a Chávez define la trayectoria de la Fiscal General de la República

Publicado en 14 Junio 2017 por La Hemeroteca De Luis Rondon.over-blog.com

 

 

 

Grisha Susej Vera | Distrito Capital | El Pitazo

Junio 4, 2017 7:30 pm

Ortega Díaz inició en 2002 su carrera en el Ministerio Público 

Caracas.- Parada y con una hoja en la mano, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, le dijo al país, a través de un delgado micrófono y por transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), que las sentencias 155 y 156, publicadas apenas un par de días atrás por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituían una ruptura del orden constitucional.

Pero aquella declaración de Ortega, de ese mediodía de finales de marzo, no ha sido la única que la separa del madurismo, le anteceden por lo menos unas tres y, hasta la fecha, se le agregan tres más.

Luis Salamanca, politólogo y doctor en Ciencias Sociales, interpreta que la fiscal es una chavista que decidió no acompañar más a Maduro. Cree que su reacción puede deberse al miedo del naufragio o simplemente al deseo de figurar en la política nacional.

En 1998 formó parte del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), hoy Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), para apoyar la campaña presidencial del fallecido presidente Hugo Chávez, cuenta la periodista Lisseth Boon en un perfil de Ortega publicado en Runrunes.

Sin embargo, en el año 2014, en una entrevista que Ortega concedió a la BBC, el periodista le preguntó que si era chavista y ella respondió: “No, no milito en ninguna organización política. No lo he hecho nunca, porque la Constitución me lo prohíbe… Pero considero que el hombre más humanista que ha existido en el planeta se llama Hugo Chávez”.

Otro vínculo de Ortega con el chavismo es que está casada con Germán Ferrer, diputado suplente a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela en representación del estado Lara. Además, fue diputado principal en el período 2006-2010 y recibió preparación política en Cuba, según Poderopedia. La hija de Ferrer y algunos sobrinos de Ortega se le han atribuido incorrectamente como sus hijos. Sin embargo, una fuente aclara que la Fiscal no tiene hijos.

Es en 2002 cuando inicia su carrera en el Ministerio Público como fiscal séptima del área metropolitana de Caracas, carrera que cinco años más tarde la llevaría a ser designada como Fiscal General de la República.

Isaías Rodríguez, embajador, exfiscal y exvicepresidente de los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, fue quien le dio ingreso a Ortega al Ministerio Público, cuenta un periodista especializado, con 13 años cubriendo la fuente judicial de manera extraoficial. Esta misma persona asegura que Ortega, siendo leal y cumpliendo las órdenes, llegó a ser mano derecha de Rodríguez, quien en 2007 la recomienda a Chávez para que ocupara el cargo de Fiscal General de la República.

Rodríguez y Ortega nacieron en el mismo lugar, Valle de la Pascua, estado Guárico. Además, ambos eran los abogados asesores de los líderes de la lucha de los trabajadores de la industria textil en el estado Aragua.

Meses después de su ingreso al Ministerio Público fue nombrada fiscal sexta a nivel nacional. Entre sus investigaciones en ese cargo destacan la acusación contra los líderes del paro, Carlos Ortega (presidente de CTV) y Carlos Fernández (presidente de Fedecámaras), de los años 2002 y 2003 y la investigación contra la organización no gubernamental Súmate por haber recibido fondos del extranjero.

Luego de la muerte del fiscal Danilo Anderson, Ortega fue una de las fiscales que continuó con sus investigaciones: la acusación contra los excomisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y otros ocho funcionarios de la Policía Metropolitana por el caso del 11 de abril y también siguió las investigaciones contra los firmantes del decreto de Pedro Carmona.

Sobre la actuación de Ortega como fiscal sexta a nivel nacional, Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, advierte que hubo tergiversación en las investigaciones sobre el caso de abril de 2002, pues quedaron pendientes casos de varias personas asesinadas que simplemente “se engavetaron”.

Posteriormente, Ortega fue designada directora general de Actuación Procesal, donde solo duró unos meses, porque en noviembre de 2007 se separó del cargo para postularse como candidata a Fiscal General de la República.

En ese entonces, se pronunciaron en contra de la designación el padre José Palmar y el periodista Leocenis García. Ambas figuras argumentaron que Ortega no se inhibió en la investigación de la empresa Multiconsumo Mónaco, involucrada en las denuncias sobre corrupción del exgobernador de Guárico, Eduardo Manuitt, y de quien ella era representante jurídico; en cambio, tomó el caso como fiscal violando el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción.

Cuando la Asamblea Nacional la nombró fiscal general, su relación con Isaías Rodríguez se deterioró. Comenta una allegada de manera extraoficial que se formó una rencilla entre ellos.

 

Sí a la represión de hoy, no a la de ayer

En el año 2014, Ortega fue designada nuevamente como Fiscal General de la República. Tal como lo confesó en su programa Con el Mazo Dando en VTV, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, fue él quien, como presidente de la Asamblea Nacional, convenció a sus colegas de mayoría chavista, de que designaran a Ortega, una vez más, como máxima representante del Ministerio Público.

En 2014 y 2015 la gestión de Ortega se mantuvo igual a los años anteriores, pasiva y sesgada, describe Romero. Las protestas opositoras de 2014, similares a las de 2017, aunque distintas en escala e intensidad, fueron atendidas de modo distinto al actual por el Ministerio Público.

Según las declaraciones de Ortega a diversos medios, la violencia era ejercida principalmente por los manifestantes. La violencia que envolvió al país de febrero a junio de 2014 causó la muerte de 43 ciudadanos y lesiones a 878 venezolanos.

Por las protestas de 2014, que se iniciaron precisamente alrededor de la sede de la Fiscalía en Parque Carabobo, el Ministerio Público, bajo la jefatura de Ortega, acusó a 402 personas y privaron de libertad a 41, de ellos 27 son civiles y 14 funcionarios de la fuerzas de seguridad, de acuerdo con un balance publicado en el año 2015 por la Fiscalía.

Sin embargo, el Foro Penal Venezolano (FPV) y el Colegio de Abogados evaluaron la actuación del Ministerio Público como lenta y sesgada. Ese año, el FPV denunció más de 50 casos de malos tratos y torturas, afirma Romero. Explica que en cuanto a los asesinados sí hubo decisiones y personas condenadas. Pero advierte que “hay casos en los que evidentemente ha habido cierta lentitud en las investigaciones, por ejemplo, el caso de José Alejandro Márquez, que fue una persona torturada y asesinada. Por ello, hay un guardia del pueblo detenido, pero los demás están libres, aunque fue un comando que lo asesinó a golpes entre todos”.

A pesar de que no fueron investigadas las más de 50 denuncias sobre casos de torturas que realizó en su momento el Foro Penal, Ortega ese mismo año encabezaba la Comisión por la Justicia y la Verdad, donde se investigaban casos de violación de Derechos Humanos ocurridos entre 1958 y 1998, período de la democracia venezolana que antecedió al chavismo. La investigación, que llevaron a cabo los fiscales del Ministerio Público bajo la presidencia de Ortega, inició en el año 2013 y presentó su informe final en febrero del presente año.

Asimismo, en el año 2015, el dirigente de oposición Leopoldo López fue sentenciado a 13 años de prisión. Se le acusó de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir en el marco de las protestas de 2014. Sin embargo, meses después el exfiscal Franklin Nieves, uno de los que llevó el caso de López, dijo -fuera del país y a través de un video- que las pruebas con las que se condenaron a López eran falsas.

El ex fiscal argumentó que recibió presiones de sus jefes jerárquicos y del Palacio Miraflores, y que esas mismas presiones le hicieron huir fuera del país junto a su familia. En ningún momento Nieves nombró a Ortega. Pero sobre esta denuncia, en una entrevista al noticiero de Venevisión, Ortega comentó que el exfiscal no dijo nada en concreto, sólo generalidades, y que si en algún momento lo presionaron él debió inhibirse o actuar según lo que está contemplado en la Constitución.

 

Chavista, pero no madurista

Antes del quiebre mediático de Ortega con el madurismo, aquel 31 de marzo, le anteceden al menos tres declaraciones que dan indicios de una Fiscal apegada a sus funciones.

El tres de febrero del año 2016 Ortega reveló las cifras de homicidio en su rendición de cuentas de 2015. Esta fue la primera vez que lo hizo, luego de ocho años de gestión. En ese momento indicó que en el año 2015, por cada 100.000 habitantes asesinaron en Venezuela a 58 personas.

Asimismo, el 14 de marzo de ese mismo año escribió en su cuenta de Twitter: “Informo al país que hemos localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo”.

Además en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, la Fiscal no descartó que cuerpos de seguridad del Estado hayan estado implicados en el hecho. Ambas declaraciones desmienten al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien había asegurado que la noticia de la masacre en Tumeremo era mentira y al ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, quien había reprochado la asociación de las fuerzas armadas en el hecho.

A esas declaraciones se le suma una más, en julio de 2016, cuando Ortega criticó la actuación de los funcionarios que participan en la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP), pues de acuerdo con las denuncias ante el Ministerio Público violan los Derechos Humanos.

La OLP es un plan de seguridad creado por el presidente Nicolás Maduro en julio de 2015 para “liberar al pueblo de las bandas criminales”.

Pero la declaración de Ortega contra la sentencia 155 y 156 del TSJ fue la que marcó un quiebre con el madurismo. En una carta, con fecha de 17 mayo, Ortega declina a la invitación que le hizo Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de que la fiscal participara en una reunión que se celebró en Miraflores semanas atrás. En la carta, Ortega escribió sobre la convocatoria a la ANC: “No es necesario, conveniente, ni pertinente”. En cambio, defendió la Constitución de 1999 por ser esta “inmejorable”, además de ser “el mayor legado del presidente Hugo Chávez”.

 

Una semana más tarde, Ortega se pronunció sobre la violencia y los hechos ocurridos en las últimas semanas de protestas en el país. Ese día, Ortega desnudó al madurismo. Dijo que el joven Juan Pernalete había sido asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena.

Dicha declaración la desmintió al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien había indicado que posiblemente el joven había sido asesinado con un arma de perno, y al diputado Diosdado Cabello, quien aseguró que en Altamira, en la zona donde fue impactado Pernalete, no estaba la Guardia Nacional.

El despecho de Diosdado

Esta declaración bastó. Pasaron solo horas para que portavoces del oficialismo rechazaran la posición de Ortega y se pronunciaran en su contra. Entre ellos estuvo Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico; Isaías Rodríguez, embajador en Roma, representante de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exfiscal general de la República; Aristóbulo Istúriz, ministro de las Comunas; Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.

Diosdado Cabello, por su parte, le dedicó la edición de su programa Con el mazo dando. “Voy a dedicar este programa a algo que no se consigue en ningún lado, sino en los principios y en los valores como la lealtad, porque es algo que no se puede hacer a medias”.

A pesar de las reacciones de los dirigentes del chavismo, las declaraciones Ortega continuaron. El primero de junio apareció nuevamente antes las cámaras frente al TSJ. Esta vez para introducir un documento a la Sala Constitucional con el fin de solicitar la aclaratoria sobre la sentencia 378. Ortega explicó a los medios de comunicación que dicha sentencia parece ser un retroceso en materia de Derechos Humanos, así como también cuestionó si se ha perdido en el país las democracia participativa y protagónica.

La declaración de Ortega tuvo su efecto. Horas más tarde, el presidente Nicolás Maduro dijo que la nueva Constitución, producto de la Asamblea Nacional Constituyente, será llevada a referendo consultivo, aunque la declaración no responde a las interrogantes que le planteó Ortega a la Sala Constitucional del TSJ.

Otra de las reacciones a las declaraciones de Ortega fue la protesta de los oficialistas frente a la Fiscalía, el viernes dos junio, para manifestar el rechazo de la postura de Ortega sobre la Asamblea Nacional Constituyente.

 

El cambio y sus causas

Romero explica que ha existido un cambio en la gestión de Ortega, pero aclara que no ha sido suficiente. Explica que la Fiscalía mantiene una actitud pasiva sobre las denuncias de torturas.

El politólogo Luis Salamanca analiza que las causas del cambio de Ortega pueden tener dos explicaciones: salvarse personalmente del naufragio o el deseo de ser un líder político. Además, señala que la actitud de Ortega en las declaraciones la empiezan a dibujar como una líder política: el elemento sorpresivo, apegado al Estado de Derecho, con la intención de hacer justicia. Además comenta que se separa del madurismo, pero en búsqueda de rescatar el legado Chávez.

Sin embargo, para Isaías Rodríguez, que la conoce de cerca y estuvo en sus zapatos, las declaraciones de Ortega obedecen a que ha caído en las redes antirrevolucionarias.

Los poderes de la Fiscal

La presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Yvette Lugo Urbáez, explica que Ortega tiene el monopolio de la acción penal. Ella puede solicitar el antejuicio de mérito a altos funcionarios públicos: a ministros, jueces e incluso al presidente de la República.

Comenta que Ortega puede iniciar cualquier procedimiento penal. “Con todas las atribuciones que tiene legalmente puede cambiar muchas cosas en este país”, aclara.

Otra de las actuaciones que puede realizar Ortega, explica Alfredo Romero, es crear una plataforma jurídica para una transición que implica establecer responsabilidades concretas de las personas que están quebrando el hilo constitucional, aquellos funcionarios de alta jerarquía que utilizan el poder para reprimir. Aunado a diseñar los planes de transición de la justicia con diversas instituciones implicadas en el área penal.

Como ya lo dijo Aristóbulo Istúriz, y recalcaron Lugo y Romero, la Constitución venezolana le otorga un gran poder a la Fiscal General de la República.

Desde hace dos meses, su gestión ha estado más apegada al cumplimiento de sus funciones, señalan los abogados, a pesar de que no se conoce formalmente la motivación de su cambio. Mientras, el país se mantiene en alerta para ver cuáles van a ser las próximas declaraciones de la Fiscal y la reacción del Gobierno.

Sin embargo, en una entrevista a Vladimir Villegas, el pasado dos de junio, Ortega dijo que fue informada que en el TSJ está circulando una decisión que atenta contra las funciones del Ministerio Público que establece la ley.

Lee también: Fiscal General denunció que el TSJ podría sentenciar para quitarle competencias al MP

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