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Portal Informativo Venezolano

Guarimba judicial: cómo el chavismo dominó el TSJ 20/06/2017.por Pedro Pablo Peñaloza   

Publicado en 21 Junio 2017 por La Hemeroteca De Luis Rondon.over-blog.com

 

 

@pppenaloza

JUSTICIA | MAIKEL MORENO | PODERES PÚBLICOS | TSJ |

Chávez y Maduro se encargaron de convertir a la cúpula del Poder Judicial en su principal arma para perseguir a la disidencia e imponer su modelo socialista. El chavismo lleva más de una década garantizando que los magistrados no le metan “autogoles” al régimen sembrando entre ellos a fichas comprometidas y militantes del partido oficial

La historia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es la del árbol que nace torcido. Hijo de la revolución, jamás cortó el cordón umbilical que lo ataba al proyecto político que le dio el ser. Por eso, desde su creación, esta dama ciega solo ha visto por los ojos del chavismo.

La ola de renovación que impulsó el difunto Hugo Chávez a su llegada a la Presidencia de la República en 1999, alcanzó su punto más alto durante el proceso constituyente, que concluyó con la redacción y aprobación –mediante referendo popular celebrado el 15 de diciembre de ese año– de una nueva Carta Magna. La llamada Constitución bolivariana sepultó a la antigua y denostada Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, en su lugar, colocó al TSJ, estableciendo en su artículo 254 que “el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa”.

Pronto el texto fundamental quedaría convertido en letra muerta. “La politización del TSJ no fue una decisión que tomaron todos o algunos magistrados con posterioridad a su designación, por conveniencia u oportunismo, sino que ellos fueron nombrados con fines políticos desde el principio”, advierte el abogado Luis Alfonso Herrera Orellana, directivo de la ONG Un Estado de Derecho.

Herrera Orellana recuerda que el proceso que culminó el 23 de diciembre de 1999 con la designación de los integrantes del máximo juzgado fue comandando por el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y mentor de Chávez, Luis Miquilena, junto con el también constituyente oficialista y responsable de la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial, Manuel Quijada. La expresidenta de la extinta CSJ, Cecilia Sosa Gómez, señala que la ANC no estaba facultada para quitar y poner togados a su antojo. “Se arrogó poderes que nadie le había entregado”, indica la jurista, tras enfatizar que el método de selección de los magistrados terminó vulnerando la independencia del Poder Judicial.

En el pasado, las cosas no eran color de rosa. “En Venezuela, por nuestra tradición caudillista, militarista y de fragilidad institucional, nunca hemos tenido un verdadero Poder Judicial autónomo e independiente”, observa el experto penalista, Alberto Arteaga Sánchez. Sin embargo, desde el ascenso de Chávez, todo se tiñó de rojo. “Nunca habíamos tenido, como ahora, en tiempos de la denominada revolución bolivariana, un Poder Judicial y, en particular un TSJ, absolutamente sometido a la voluntad del Ejecutivo”, acota el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La escalada

Pese a aquellos movimientos iniciales, Chávez no dominó de inmediato todas las piezas del tablero judicial. Esta situación quedó en evidencia el 14 de agosto de 2002, cuando la Sala Plena del TSJ interpretó los sucesos de abril de ese año, que incluyeron el derrocamiento por unas horas del Presidente, como un “vacío de poder” y no como un golpe de Estado.

De los 20 magistrados que conformaban el máximo juzgado, 11 apoyaron la tesis según la cual el mandatario nacional abandonó su cargo por voluntad propia. El fallo redactado por el ponente Franklin Arrieche Gutiérrez echaba por tierra la versión oficialista, exculpaba a los militares sediciosos y abría la posibilidad de enjuiciar al dignatario por los hechos violentos que costaron la vida de decenas de personas. “Con los pronunciamientos efectuados en abril de 2002, los altos oficiales acusados no desconocieron al Gobierno, sino la orden dictada por el Presidente de la República de aplicar el Plan Ávila, porque resultaba contraria a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y ello significaría una masacre”, determinó Arrieche Gutiérrez, identificado como una ficha de Miquilena, quien para ese momento ya había roto con el oficialismo.

Al conocer el dictamen, Chávez montó en cólera. “Ahora nosotros no nos vamos a quedar con esa. Si creen que nos vamos a quedar con esa, están muy equivocados. Ahora lo que viene es un contraataque del pueblo y de las instituciones verdaderas. Contraataque revolucionario es lo que viene ahora”, prometió el 17 de agosto de 2002 en un acto público en el que estuvo acompañado por el entonces diputado Nicolás Maduro. A su vez, tachó de “inmorales” a los magistrados y les acusó de haber puesto una “plasta”. “Ellos pusieron la plasta que pusieron y se fueron de vacaciones. ¡Qué sabroso!”, gritó iracundo.

El comandante cumplió su amenaza. Valiéndose de su mayoría en la Asamblea Nacional, el chavismo reformó la Ley Orgánica del TSJ y modificó la composición de su Sala Plena en 2004. “La reforma de la Ley del TSJ de 2004, que elevó de 20 a 32 el número total de magistrados, blindó el sistema de protección judicial para el Gobierno y colocó al descampado a todos sus adversarios, candidatos a ser enjuiciados, inhabilitados y, por ende, sacados del escenario político, bajo el argumento del funcionamiento autónomo de los poderes del Estado”, explica Arteaga Sánchez.

Herrera Orellana considera que ese hecho marcó el destino del máximo juzgado. “Los magistrados que no se ajustaron al plan del Gobierno, fueron separados de sus cargos por la AN a fin de que Chávez recuperara el control político sobre el TSJ. Ese objetivo se cumplió finalmente con la sanción en 2004 de la Ley Orgánica del TSJ propuesta por el diputado Luis Velásquez Alvaray”, puntualiza.

Los parlamentarios chavistas jamás disimularon sus intenciones. “Vamos a estar claros, nosotros no nos vamos a meter autogoles (…) En el grupo de postulados no hay nadie que vaya actuar contra nosotros”, espetó el legislador Pedro Carreño, quien presidía el Comité de Postulaciones Judiciales. Por su parte, Tulio Jiménez, miembro de la bancada oficialista, comentó a los medios en esa oportunidad: “Si bien los diputados tenemos la potestad de esta escogencia (de los magistrados), el Presidente de la República fue consultado y su opinión fue tomada muy en cuenta”. Entre los ungidos destacaron dos diputados chavistas, Velásquez Alvaray y Luis Franceschi, el fiscal general militar Eladio Aponte Aponte y Francisco Carrasquero, quien venía de dirigir el Consejo Nacional Electoral. “¡Son ustedes la cabeza de la revolución judicial que sustenta el Estado democrático que apenas estamos construyendo!”, celebró Maduro en su condición de jefe de la fracción oficialista en la AN.

Con el tiempo algunas de esas prominentes “cabezas” ensalzadas por Maduro, rodaron. Velásquez Alvaray fue echado por un caso de corrupción en 2006. En su defensa, reveló la existencia de una red de 400 jueces que servía a los intereses del narcotráfico y acusó al para entonces vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, de pretender controlar el Poder Judicial venezolano. Esa denuncia salpicó a un abogado llamado Maikel Moreno, quien ahora lleva las riendas del TSJ.

Seis años después cayó Aponte Aponte, expresidente de la Sala Penal que fue relacionado con mafias de la droga. En una entrevista concedida a un medio de comunicación, el magistrado admitió que “la justicia es una plastilina. Digo plastilina porque se puede modelar, a favor o en contra”. En esa misma conversación, tachó de “falacia” la autonomía del sistema de justicia en Venezuela y relató cómo el poder político manejaba los hilos de los tribunales a su antojo. “Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la Vicepresidencia Ejecutiva del país, donde se reúne el Vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la presidenta del Tribunal Supremo, con la Fiscal General de la República, con el presidente de la Asamblea Nacional, con la Procuradora General de la República, con la Contraloría General de la República, y unas que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a hacer la justicia. O sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela”, confesó públicamente Aponte Aponte.

Pese a los escándalos, el chavismo ha conservado intacta su fuerza en el TSJ. A decir de Carreño, los jueces no se meten “autogoles” y es por eso que la revolución siempre gana todos los partidos en el terreno judicial.

Balanza inclinada

Al frente de la ONG Un Estado de Derecho, Herrera Orellana editó junto con el doctor Antonio Canova el libro El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013). La investigación arrojó que en ese período las salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral nunca “suspendieron en forma cautelar o anularon alguno de los muchos actos jurídicos (decretos, leyes, resultados electorales, etc.) dictados por los poderes públicos en los que el Gobierno nacional tuvo un interés político manifiesto en su ejecución”.

Durante ese lapso, el control de los poderes públicos fue una tarea menor para el TSJ. Herrera Orellana resalta que “luego de revisar las más de 45 mil sentencias dictadas en esos nueve años por las tres salas antes mencionadas, encontramos apenas 1.732 sentencias en juicios de control directo de actuaciones u omisiones de los poderes públicos. De ese total, 570 se dictaron en juicios de amparos contra actos del Gobierno y otros poderes, y 26 en juicios de amparos contra leyes, sin que se declarara con lugar ningún amparo que pidiera dejar sin efecto alguna medida política o de trascendencia nacional de los poderes públicos nacionales”.

Los expertos detectaron fallos en los que “se rechazaron reclamos de personas en contra de actuaciones u omisiones de los poderes públicos, y se acogió en forma explícita o implícita la postura que en forma pública el Gobierno o alguna otra autoridad nacional asumió justo antes de que se dictara la sentencia vinculada con el caso”.

“Solo en 12 sentencias el Tribunal Supremo cuestionó actuaciones del CNE. Pero 89% de esas sentencias fueron a favor del partido de Gobierno o de sus aliados en contra de partidos o aliados de la oposición, con lo cual de cada nueve sentencias que dictó la Sala Electoral en materia nacional, en ocho le dio la razón al oficialismo”, añade.

Las actuaciones del Parlamento también contaban con el aval de los magistrados, hasta que la Mesa de la Unidad Democrática se alzó con la mayoría en las elecciones de diciembre de 2015. Desde que la nueva Cámara se instaló el 5 de enero de 2016 hasta la fecha, la cúpula del Poder Judicial ha firmado más de 50 fallos para eliminar todas sus competencias y atribuciones, basándose en la figura del “desacato”.

La última en sentir en sus carnes la embestida de los magistrados es la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a quien ya comenzaron a cobrarle con sentencias adversas sus críticas a la Constituyente impuesta por el presidente Maduro. “Indudablemente estas sentencias ponen en peligro la democracia (…) Yo quiero aclararles que no es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias”, espetó Ortega Díaz al solicitar el antejuicio de mérito contra los miembros de la Sala Constitucional.

Herrera Orellana resalta que el inventario de irregularidades cometidas por los jueces es extenso. “El TSJ actuó como tribunal penal de única instancia para condenar a prisión y destituir a alcaldes en ejercicio de sus funciones, desconociendo la voluntad popular (casos Daniel Ceballos y Enzo Scarano); destituyó a diputados en ejercicio mediante interpretaciones fraudulentas de la norma constitucional (caso María Corina Machado); permitió la militancia partidista de integrantes de la Fuerza Armada Nacional (caso Frente Institucional Militar) y adoptó medidas para profundizar y extender la politización al resto del Poder Judicial con el nombramiento de actores políticos como Argenis Chávez, hermano del difunto Presidente de la República que asumió la jefatura de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y con la designación preferente de egresados de la Universidad Bolivariana en los cargos de jueces provisorios, fundamentalmente en el área penal”.

La pesquisa desarrollada por la ONG Un Estado de Derecho alertó sobre otra anomalía que atenta contra la justicia en Venezuela: “La gran mayoría de jueces no tiene estabilidad, sino que son provisorios, y pueden ser removidos de sus cargos mediante notificaciones sin debido proceso”.

La vara que utilizan para medir a la oposición no es la misma que emplean para evaluar al chavismo. Además de manifestar su simpatía con la revolución, los magistrados bloquean las denuncias contra los altos jerarcas del proceso chavista y salen en su defensa.

Ante las noticias publicadas en medios internacionales que relacionaban al expresidente de la AN, Diosdado Cabello, con el narcotráfico, los miembros de la Sala Plena emitieron un comunicado para condenar las “agresiones conspirativas contra el Estado venezolano” y brindar un espaldarazo al diputado “por el trabajo institucional de calidad que ha realizado con enorme sacrificio, entrega, valentía y un profundo compromiso de cumplir con la voluntad soberana del pueblo venezolano”.

Con el garrote

Mención aparte merece la actuación de la Sala Constitucional. “La Sala Constitucional es el instrumento que ha sido utilizado para resolver asuntos políticos, no es una sala más. En definitiva, se ha convertido en el Supremo del Tribunal Supremo”, ironiza Arteaga Sánchez. Sosa Gómez añade que “poco a poco el TSJ, y en particular la Sala Constitucional, nos ha llevado a la era de la desigualdad institucionalizada. Ello se traduce en que los venezolanos que no estén con ‘la revolución’ o se sientan desencantados de la militancia socialista, quedan transformados en invisibles sociales”.

La expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia presenta como un indicador de la crisis de credibilidad de la Sala Constitucional, la drástica disminución que habrían sufrido las acciones de amparo introducidas ante esa instancia. “En sus inicios superaron las tres mil acciones de amparo por año, mientras que ya en 2014 no llegaban a quinientas, de las cuales muy pocas son examinadas por la violación denunciada salvo que tengan un interés político del Gobierno. La expectativa de un Poder Judicial volcado a garantizar los derechos constitucionales se quedó en la letra del texto fundamental y no en las sentencias dictadas”.

Las últimas designaciones de magistrados han seguido la misma línea que trazó Carreño en 2004: nada de autogoles. En diciembre de 2014 y 2015, el chavismo esgrimió el artículo 38 de la Ley Orgánica del TSJ que ellos mismos aprobaron para seleccionar por mayoría simple a los togados, sin necesidad de negociar con la oposición en la AN. “La escogencia no cumplió con el procedimiento parlamentario de designación de las altas autoridades de los Poderes Públicos, ya que se les nombró mediante comités de postulaciones judiciales integrados en su mayoría por diputados oficialistas y miembros de organizaciones civiles pro oficialistas, y por mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara y no mediante el voto de las dos terceras partes”, cuestiona Herrera Orellana.

Marginando de la discusión a los venezolanos que se oponen a la revolución, los chavistas han convertido en “jueces imparciales” a diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y funcionarios del Ejecutivo nacional. “Quienes acceden al TSJ lo hacen en razón de su profesión de fe revolucionaria y socialista, independientemente de méritos profesionales que algunos, sin duda, los tienen, pero que resultan atropellados por la presión política del Gobierno”, sostiene Arteaga Sánchez. De los siete integrantes de la Sala Constitucional, cuatro han militado abiertamente en el oficialismo, comenzando por su actual presidente, Juan José Mendoza, antiguo parlamentario del PSUV.

Estas desviaciones han golpeado a la democracia venezolana. “Toda decisión judicial se construye sobre la deformación absoluta de las instituciones, de las competencias de las ramas del Poder Público, se utiliza el abuso y se usurpan las funciones de otro órgano sin importar la esencia de la autonomía judicial, dejando a un lado la Constitución”, lamenta Sosa Gómez, quien fustiga a los togados por “alinearse con los dictados de una supuesta ideología socialista que nada tiene de constitucional”.

La conclusión de la antigua magistrada es inapelable. “En este proceso de descomposición institucional que sufre el país, el TSJ ha contribuido con sus sentencias cada vez más legitimadoras de las violaciones 

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