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Portal Informativo Venezolano

Qué dijo la Fiscal General sobre las víctimas, la actuación de la GNB y los juicios militares?24-5-17

Publicado en 24 Mayo 2017 por La Hemeroteca De Luis Rondon.over-blog.com

 

Por #MonitorProDaVinci | 24 de mayo, 2017

 

El miércoles 24 de mayo de 2017, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dio una rueda de prensa en la que ofreció un balance sobre los muertos, detenidos, lesionados y daños a bienes inmuebles públicos y privados:

“Presento ante el país un balance de la situación nacional de las actuaciones institucionales que hemos desplegado desde el 6 de abril: 55 personas fallecidas, de las víctimas 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo hemos registrado un total hoy de 1000 lesionados, de los cuales 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares. 346 bienes inmuebles públicos y privados quemados o saqueados que representan incalculables pérdidas patrimoniales. No tenemos esa cifra aún, hemos estado hablando con algunos organismos para que nos ayuden con los avalúos”.

Investigaciones realizadas por el Ministerio Público

Sobre las pesquisas emprendidas por el Ministerio Público sobre lo ocurrido en las manifestaciones dijo:

“Hemos iniciado 1.475 investigaciones: 1.329 por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. En materia de delitos comunes, los fiscales han imputado a 2.664 personas por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones, instigación pública, saqueo, hurto, robo, detentación de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, entre muchos otros delitos. De estas personas solamente 284 han sido privadas de libertad”

Seguidamente, Ortega Díaz destacó que “no todas las personas que son aprehendidas de pronto son responsables de los hechos que han ocurrido” y que “la liberación de personas que son detenidas ilegalmente constituye un triunfo del Estado de derecho y una demostración de la vocación garantista que pudiera tener el país”. Señaló que es necesario “identificar las causas de la confrontación entre venezolanos, confrontación que no se resuelve privando de libertad a las personas, sino reconociendo que existe el problema”. En cuanto a la naturaleza del problema, la Fiscal apuntó: “El descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la inseguridad que hay”.

Militares, policías detenidos y grupos civiles armados

La Fiscal indicó:

“Tenemos 16 órdenes de capturas que no se han ejecutado por delitos contra la propiedad y delitos comunes. En materia de protección de derechos fundamentales, el Ministerio Público ha imputado 19 funcionarios policiales y militares por la presunta comisión de los delitos de homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, violación ilegítima de libertad, violación de domicilio, entre otros. También tenemos 18 órdenes de captura pendientes por ejecutar”

Sobre los grupos civiles armados, la Fiscal General mencionó el caso de unos estudiantes que estaban manifestando “de forma pacífica” en un liceo de La Pastora:

“Llegaron grupos civiles a amenazarlos con pistolas. Si hay una manifestación pacífica no es posible que vengan grupos armados. Es necesario el desarme de la población. Nosotros tenemos 16 investigaciones abiertas contra grupos civiles armados al margen de la ley. Y preocupa la proliferación de estos grupos”

Mencionó que han recibido “testimonios importantes en diversos sectores del país donde, antes de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de orden público, se ven grupos de personas armadas, en actitudes violentas, propiciando que se alteren los ánimos. También tenemos denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando”.

Ortega Díaz señaló que “los cuerpos de seguridad del Estado están en el deber, primero, de evitar confrontaciones entre grupos antagónicos que se encuentran armados, utilizar las fuerzas apegado a la ley. También contra cualquier expresión de grupos irregulares armados que propicien confrontación sean del signo político que sean”.

Juicios militares

En cuanto a la imputación de civiles en tribunales militares, la Fiscal precisó:

“Tenemos siete investigaciones por el uso de la justicia militar por casos que eminentemente corresponden a la justicia ordinaria. Hemos solicitado la declinatoria de la competencia a la justicia ordinaria de dos casos que cursan en la justicia militar: uno en el estado Nueva Esparta y otro en Zulia. El día de hoy vamos a presentar un amparo por abstención de uno de estos tribunales a negarse a pronunciarse. No ha habido el pronunciamiento debido. Asimismo dirigimos una comunicación a la Fiscal General Militar para que nos informara al Ministerio Público el número de procesos y detenidos. Queremos verificar su estado de salud, queremos verificar el estado de detención de estas personas. Nosotros creemos que es contraria a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo dije anteriormente, que viola el principio del juez natural. Así como también los instrumentos suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos”

Insistió en que, según la ley, es obligación de la Fiscalía verificar el estado de los detenidos y resumió parte del artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público:

“El Ministerio Público tiene el deber de garantizar el respeto a los derechos humanos en los centros de detención, sean estos centros de detención preventiva, penales, de los niños, niñas y adolescentes. Es una obligación que yo tengo, y todos los funcionarios del Ministerio Público, de verificar el estado en que se encuentran las personas privadas de libertad […]. El Ministerio Público es el brazo de la justicia, de la imparcialidad, de la reconciliación, la gobernabilidad, y la legalidad como instrumento fundamental para garantizar la paz y la vigencia de la democracia”.

Sobre el caso de Juan Pernalete

Ortega se refirió al caso de Juan Pernalete, quien murió el 26 de abril en una protesta:

“De acuerdo a nuestra investigación la muerte del estudiante se produce por shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. […] Llegamos a la conclusión, luego de una serie de experticias realizadas sobre el cadáver de este joven estudiante, no solamente la autopsia sino la inspección técnica, levantamiento planimétricos del sitio del suceso, la versión de los testigos, 5 testigos tenemos en este caso, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene en el tórax; la presencia de residuos en la franela conjuntamente con los elementos que componen este instrumento [la Fiscal sostiene una bomba lacrimógena]. Quiero leer este instrumento: ‘Advertencia: se prohíbe disparar directamente a la persona’. O sea que esto es letal”

La Fiscal señaló que “expertos de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, expertos de las unidades criminalísticas contra la vulneración de los derechos fundamentales, nuestros fiscales, llegaron a la conclusión que había sido con este objeto se produjo la muerte del estudiante Juan Pernalete. Sabemos de dónde salió, del grupo que salió este objeto. Esperamos en los próximos días determinar quién fue el que disparó este objeto [que fue] disparado por la Guardia Nacional”.

Manifestaciones en Barinas

La Fiscal General hizo mención a los hechos ocurridos en Barinas:

“Yo quiero hacer referencia al estado Barinas. Hoy, afortunadamente, me reportaban apenas unos minutos que, salvo algunas barricadas, había bajado un poco el estado de violencia que vivieron esas poblaciones del estado Barinas desde el lunes que cobró la vida de siete personas. Persistiendo, desde el lunes, saqueos, alteración al orden público, daños violentos a las instituciones públicas, al CNE, la casilla de vigilancia del circuito judicial penal, la fachada de la alcaldía y la prefectura de Barinitas. La casa materna del presidente Hugo Chávez también fue dañada. Daños al comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Por todos estos hechos había hasta ayer sólo ocho personas privadas de libertad. Siete personas fallecidas. Tengo aquí la lista de todos los daños causados más los lesionados. Y solamente ocho personas aprendidas. Anoche me informan que aprendieron 12 más. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque denuncian los propios habitantes de la comunidad de Barinas la poca presencia o no intervención policial. Es decir que habían saqueos, habían situaciones irregulares y los cuerpos policiales no se hicieron presentes. Por eso es importante que los cuerpos de seguridad se hagan presentes para evitar los hechos delictivos durante las manifestaciones o como consecuencia de ellos. El Ministerio Público está investigando todos los hechos ocurridos durante estos eventos. Todos. No hay uno solo que el Ministerio Público no esté investigando”.

Exhorto a los funcionarios de orden público y al Estado

La Fiscal General hizo un llamado a los funcionarios de orden público sobre efecto de disparar bombas lacrimógenas con escopetas hacia las personas:

“Está prohibido no solamente por las propias instrucciones que están aquí sino que los estándares nacionales e internacionales prohíben disparar directamente a la personas. Es letal”

También exhortó a quienes “ostentan responsabilidades de mando en los cuerpos de seguridad del Estado”:

“ […] Es imprescindible y urgente implementar el seguimiento y control de las actuaciones de los funcionarios en ejercicio de la función policial en materia de orden público. Es deber de quienes tienen el mando de los cuerpos de seguridad del Estado asegurarse de que los funcionarios que participen en estos operativos tengan la preparación adecuada, la competencia, la actitud mental y física para el manejo de las herramientas para la contención de los hechos violentos en caso de producirse y evitar usar la fuerza si la gente no está ejerciendo violencia. Visto que es una responsabilidad del Estado garantizarle a los ciudadanos una actuación apegada a Derecho y los funcionarios deben contar con el adecuado entrenamiento, equipamiento y garantizarles el debido descanso para evitar acciones no apegadas a los derechos fundamentales […]”.

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