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Portal Informativo Venezolano

¿Qué se decidió en el caso de Exxon Mobil contra Venezuela?; por José Ignacio Hernández G.

Publicado en 14 Marzo 2017 por La Hemeroteca De Luis Rondon.over-blog.com

 

 
 
Por José Ignacio Hernández G. | 10 de marzo, 2017
 

El 9 de marzo de 2017 el Comité especialmente constituido para decidir la solicitud de nulidad del laudo dictado en 2014 por un Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el caso de Exxon Mobil contra Venezuela, acordó anular parcialmente ese laudo. En ese laudo se había condenado a Venezuela al pago de alrededor de mil seiscientos millones de dólares de Estados Unidos. Aun cuando la nulidad fue parcial, en la práctica, el monto de la indemnización se redujo significativamente.

Este caso responde a uno de los muchos arbitrajes internacionales que enfrenta Venezuela, debido a las políticas de expropiación y nacionalización adelantadas desde 2006. Veamos, en resumen, qué fue lo que decidió.

1. Recordando el caso Exxon Mobil

El conflicto entre Exxon Mobil y Venezuela se remonta a la época de la apertura petrolera. Para resumir una historia bastante compleja, basta con señalar que durante la década de los noventa del pasado siglo Exxon Mobil participó en la apertura petrolea a través de convenios de asociación, básicamente, contratos a través de los cuales el inversor privado, junto con el Estado, asumía la realización de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Como explico en un reciente libro en el que analicé el pensamiento jurídico de los hidrocarburos en Venezuela, hacia 2003 el Gobierno venezolano decidió modificar la política petrolera, incrementando el control político sobre toda la industria. En 2006 y 2007 se dictaron Leyes y Decretos-Leyes que revirtieron los contratos celebrados durante la apertura petrolera. En concreto, respecto de los convenios de asociación, se ordenó que éstos debían “migrar” al esquema de empresas mixtas, que son empresas gestionadas mayoritariamente por el Estado. De lo contrario, el Gobierno tomaría control de esas inversiones.

Exxon Mobil fue uno de los inversionistas afectados por esas medidas. Al no lograr un acuerdo con el Gobierno, decidió demandar a éste mediante arbitrajes. Como se recordará, en 2008 la empresa logró medidas judiciales que afectaron activos de PDVSA, con ocasión a esos arbitrajes. Por lo que aquí respecta, basta con señalar que la empresa intentó un arbitraje contractual por la violación de los convenios de asociación, y además, un arbitraje basado en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito entre Venezuela y Holanda.

Este segundo arbitraje fue conocido por un Tribunal Arbitral constituido en el marco del Convenio del CIADI. En concreto, la empresa reclamó la violación del TBI en relación con sus inversiones en dos convenios de asociación, conocidos como Cerro Negro y La Ceiba. Principalmente, el reclamo se basó en la Ley de 2007, a consecuencia de la cual se expropiaron esas inversiones.

2. La condena a Venezuela

Como ya expliqué, Exxon Mobil intentó un arbitraje contractual ante la Cámara de Comercio Internacional. En 2011, se reconoció en ese arbitraje una indemnización de poco menos de mil millones de dólares de Estados Unidos, mucho menos de lo que la empresa había reclamado.

En el otro arbitraje intentado por la empresa, el Tribunal Arbitral constituido bajo el CIADI dictó en 2014 el laudo. En esa decisión consideró—entre otros aspectos— que el Estado venezolano había expropiado las inversiones de Exxon Mobil en 2007, aun cuando esa expropiación, a la luz del TBI, no se consideró ilegal. Esa declaratoria, en realidad, no fue sorprendente, pues nadie ponía duda en que esas inversiones habían sido expropiadas. La gran cuestión a resolver era la indemnización.

A estos efectos, el Tribunal analizó desde diversas perspectivas —tanto jurídicas como económicas— cuál era el valor de mercado de las inversiones expropiadas, siempre bajo la premisa según la cual la expropiación había sido legal. De esa manera, el Tribunal condenó al Estado venezolano a pagar (i) 9.042.482 dólares de Estados Unidos por indemnización por reducciones en la producción y las exportaciones impuestas al Proyecto Cerro Negro en 2006 y 2007;(ii) 1.411.700.000 dólares de Estados Unidos por la expropiación de las inversiones en el Proyecto Cerro Negro y (iii) 179.300.000 dólares de Estados Unidos por la expropiación de sus inversiones en el Proyecto La Ceiba. Además, se dispuso el pago de intereses y, de manera poco clara, se decidió que a esos montos debía deducirse cualquier indemnización pagada en virtud del arbitraje contractual.

3. La nulidad parcial de la condena

Fue ese laudo el que fue parcialmente anulado por la decisión del Comité de 9 de marzo de 2017. En concreto, se anuló la condena por 1.411.700.000 dólares por la expropiación de la inversión en Cerro Negro, más otros párrafos del laudo relacionadas con la valoración de esa inversión.

¿Por qué se anuló esa condena? En términos claros y sencillos, puedo resumir ello diciendo que el Comité consideró que el Tribunal Arbitral, al evaluar la indemnización debida por la expropiación de la inversión Cerro Negro, no tomó en cuenta el Derecho venezolano, que era parte del Derecho aplicable al arbitraje de conformidad con el TBI. El Comité consideró que según el Derecho venezolano –y conforme al Acuerdo dictado por el entonces Congreso de la República en relación con Cerro Negro- la indemnización debida a la empresa por medidas gubernamentales debía limitarse bajo ciertas condiciones, conocidas como “precio tope”. Por el contrario, el Tribunal Arbitral había opinado que esa limitación no era aplicable de conformidad con el TBI.

De esa manera, el Comité decidió que la limitación del precio tope sí era aplicable al formar parte del Derecho venezolano. Con lo cual, consideró que la valoración de la indemnización y la condena debían anularse, por incumplir las reglas del Derecho venezolano aplicable, sin que el Tribunal Arbitral hubiese motivado debidamente las razones por las cuales ese Derecho no era relevante.

4. ¿Y ahora?

Contra esta decisión no cabe ya recurso alguno, con lo cual, el Estado venezolano solo deberá pagar una parte muy baja de la indemnización original, en concreto, poco menos de diez millones de dólares.

Sin embargo, según el numeral 6 del artículo 52 del Convenio CIADI, una vez que el laudo es anulado, “la diferencia será sometida, a peticiónde cualquiera de las partes, a la decisión de un nuevo Tribunal (…)”. Esto quiere decir que Exxon Mobil puede someter a nuevo arbitraje la diferencia relativa a la valoración de la inversión de Cerro Negro. Ello deberá tomar en cuenta las limitaciones que, según el Comité, son aplicables desde el Derecho venezolano.

5. Contrariando la opinión del Gobierno venezolano

Esta decisión pone en evidencia, nuevamente, la falsa premisa bajo la cual el Gobierno venezolano decidió denunciar el Convenio CIADI en 2012, alegando que el arbitraje CIADI era un sistema que favorecía solo a los inversionistas. Si revisamos las estadísticas del CIADI, podremos ver cómo los laudos dictados en arbitrajes en contra Venezuela demuestran que el sistema arbitral ha funcionado de manera equilibrada. Así, esta nueva decisión de nulidad corrobora tal apreciación, pues Venezuela logró ganar su solicitud de nulidad ante el Comité.

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