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Portal Informativo Venezolano

¿Podría la oposición ganar las elecciones a la Constituyente?; por Francisco Rodríguez mayo 31 2017

Publicado en 2 Junio 2017 por La Hemeroteca De Luis Rondon.over-blog.com

 

El 25 de mayo de 2017, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente Maduro. Hasta el momento, la Mesa de Unidad Democrática, así como muchos factores disidentes del chavismo, han cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa y no han mostrado disposición a participar en ella. Pareciera, en consecuencia, que la oposición ha decidido no participar en las elecciones a la constituyente, aunque el momento crucial de definiciones se dará en estos dos días (31 de mayo y 1 de junio), en los que los potenciales candidatos deben indicar su disposición a participar.

Entre las principales razones para no participar está la convicción de que las bases comiciales están tan fuertemente manipuladas a favor del gobierno que hacen imposible una victoria de la oposición. Y, ciertamente, un primer análisis de las bases comiciales muestra que el sistema electoral crea un terreno muy ventajoso para el partido de gobierno. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre afirmar que las bases dan ventaja al gobierno y concluir que el gobierno tiene garantizada la victoria.

De acuerdo con todos los estudios de opinión publicados por encuestadoras reconocidas, un porcentaje muy alto de venezolanos desaprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro y estaría dispuesto a votar en contra del partido de gobierno. De esta forma, tenemos que preguntarnos si el desbalance a favor del gobierno en las reglas electorales es suficientemente alto como para contrarrestar la ventaja natural que tiene la oposición en cualquier votación nacional.

Claro está, hay muchas objeciones a la constituyente que no tienen que ver con las posibilidades de ganarla. Hay cuestionamientos de naturaleza legal y constitucional, así como consideraciones estratégicas sobre la interacción que puede existir entre el objetivo de mantener la presión de calle y dar la apariencia de convalidar un proceso impulsado por el gobierno. El objetivo de mi artículo no es fijar una posición sobre este debate general, sino poner la lupa sobre un componente esencial de la información que deben tener los políticos que tomen la decisión: ¿cuál es la posibilidad de que, si decidiese participar en este proceso, la oposición gane las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente?

Los obstáculos: sobrerrepresentación territorial
y opacidad del registro

Las bases comiciales de la ANC establecen que, de los 545 delegados, 364 se elegirán sobre una base territorial a nivel de municipio, mientras que los restantes 181 serán elegidos a través de ocho sectores: trabajadores, pensionados, estudiantes, comunas y consejos comunales, campesinos y pescadores, los pueblos indígenas, empresarios y discapacitados. Ambos tipos de elección conllevan un sesgo potencial a favor del gobierno, pero los sesgos son distintos.

En el caso de la elección territorial, se escoge un representante por municipio, con la excepción de las capitales de estado, donde se escogen dos, y el Distrito Capital, donde se escogen siete. La asignación de representantes se hace por votación nominal en los distritos de un diputado. En las capitales, sin embargo, se usa el principio de representación proporcional. Esto le genera una ventaja al gobierno en los municipios menos poblados en los cuales tiende a tener más apoyo. En las ciudades, la aplicación de una regla de representación proporcional con dos diputados asegura que el gobierno tenga al menos un diputado, a menos que la oposición duplique su voto en ese distrito. Esto lo protege electoralmente dado que el gobierno tiende a tener menos apoyo en los centros urbanos.

En el caso de las elecciones sectoriales, el sesgo es distinto y más difícil de precisar. En principio, es difícil imaginar que el gobierno sea capaz de ganar elecciones universales en sectores como trabajadores y estudiantes donde la desaprobación es similar a la que tiene a nivel nacional. Sin embargo, el hecho de que el CNE obtendrá los listados de votantes en parte de organismos oficiales lleva a pensar en el riesgo de una manipulación de los registros electorales para asegurar que la mayoría de ellos sean afectos al oficialismo. Dicho eso, es importante recalcar que en los últimos dos años el gobierno o el Tribunal Supremo de Justicia han suspendido las elecciones en la mayoría de los sindicatos, universidades e incluso consejos comunales, lo que lleva a pensar que la posible capacidad de manipular estos registros no necesariamente resuelve el problema general de impopularidad gubernamental en estos sectores.

La elección territorial

Para responder la pregunta sobre cuáles pueden ser los resultados esperables en una elección con estas bases comiciales, es útil comenzar por el análisis de qué hubiese pasado en la elección más reciente –las elecciones parlamentarias de 2015– si se hubiesen impuesto estas reglas. Este análisis ya ha sido expuesto por Héctor Briceño aquí en Prodavinci. Nuestros resultados, expuestos en la Tabla 1, son similares a los que él obtiene: estimamos que de haberse dado la misma distribución de votos por municipios que en el 2015, el PSUV habría obtenido 187 diputados (51%) a los 177 de la oposición (49%), a pesar de haber obtenido solo el 43% del voto popular. [1]

Sin embargo, la pregunta más importante no es cuál habría sido el resultado en el 2015 sino cuál sería el resultado hoy. De acuerdo a la mayoría de los estudios de opinión, la aprobación del presidente Maduro se encuentra en este momento sustancialmente por debajo de donde se encontraba en el momento de las elecciones parlamentarias del 2015. Por ejemplo, de acuerdo con la encuestadora Datanálisis, la aprobación de Maduro en abril de este año fue 24,1%, muy por debajo del 32.0% que tenía en el momento de las elecciones parlamentarias de 2015. Por tanto, tiene sentido suponer que la oposición obtendría una mayor fracción del voto popular si las elecciones se hiciesen hoy.

El gráfico 1 muestra justamente cómo evoluciona la fracción de constituyentes de la oposición para distintas distribuciones del voto nacional. Modelar estos resultados requiere un supuesto que nos permita mapear incrementos nacionales a variaciones en el voto de cada municipio. Nuestra aproximación reparte el aumento de votos de una forma equi-proporcional, i.e., asumiendo que los votos en cada municipio a favor de la oposición aumentan en la misma proporción que a nivel nacional. [2]

Lo que muestran estas simulaciones es que el porcentaje de representantes territoriales aumenta muy rápidamente con incrementos en el voto popular, al menos dentro del rango relevante para predecir estas elecciones. Por esto, si bien es cierto que la oposición pierde la elección territorial si saca el mismo porcentaje de votos que en el 2015 (57.4%), solo tiene que aumentar su votación en 1.1 puntos porcentuales (a 58,5%) para llegar a ganar la elección territorial. Si el voto a favor de la oposición llegase a dos tercios (66,7%), capturaría el 71% de los representantes territoriales.

Numerosos estudios muestran que la aprobación presidencial es un buen predictor del voto a favor del partido de gobierno en sistemas bipartidistas, por lo cual una aproximación a la votación esperable en estas condiciones se podría obtener asumiendo que la variación en la aprobación de Maduro que ha ocurrido desde diciembre del 2015 –una caída de 7.9 puntos, de acuerdo con Datanálisis– se transfiere también a la intención de voto a favor del PSUV. En ese caso, podríamos inferir que unas elecciones nacionales en este contexto arrojarían una victoria de la oposición con el 65.3% del voto nacional, contra 34.7% del PSUV. En ese escenario, nuestra simulación predice que la oposición capturaría 249 representantes territoriales (68%), contra 115 del gobierno (32%).

Las elecciones sectoriales

Predecir los resultados de las elecciones sectoriales es mucho más complejo. Dado que no hay experiencias similares con elecciones por sectores en Venezuela, es difícil establecer una relación entre la votación nacional y la elección sectorial. Además, es extremadamente complicado estimar adecuadamente el grado de posible manipulación que puede haber en los registros electorales sectoriales.

Tal vez la mejor forma de aproximarse a esta pregunta sería modelando la cantidad de votos que la oposición requeriría sacar en el voto nacional para sobreponerse a distintos niveles de sesgo a favor del gobierno. Si medimos el sesgo por el exceso de representantes sectoriales sobre la intención de voto popular, podemos estimar el número de representantes sectoriales a favor de cada uno de los lados y, por lo tanto, calcular el porcentaje de votos que la oposición necesitaría obtener para contrarrestar ese sesgo.

Por ejemplo, supongamos que el sesgo en las elecciones sectoriales le da al gobierno un 15% más de representantes que su participación en el voto popular. Si partimos de un estimado de voto popular de 35%, esto permitiría que el gobierno obtuviese el 50% de los representantes sectoriales. Para obtener la mayoría de la cámara, la oposición necesitaría en ese caso ganar más de la mitad de los representantes sectoriales, para lo que, como mostramos anteriormente, necesitaría sacar al menos el 58,5% del voto nacional.

Supongamos, por otro lado, que el sesgo sectorial es mucho más fuerte, permitiendo que el gobierno capturase el 85% de los escaños sectoriales. En ese caso, la oposición necesitaría capturar alrededor de dos terceras partes de los escaños territoriales, lo cual lograría con un voto popular del 64,7%, similar al que hoy en día muestran las encuestas. En un extremo, aun si el 100% de los diputados sectoriales fuesen del gobierno, la oposición podría sobreponerse a ese margen con una votación del 68,6% en el voto popular.

El lector de estas páginas podría llegar a la conclusión de que nuestros resultados son distintos a los del artículo de Héctor Briceño, que justamente se llama “Constituyente: reglas manipuladas para ganar con el 20% de los votos”. Sin embargo, y a pesar de su título, Briceño no hace ninguna simulación con porcentajes distintos a los obtenidos en las elecciones de 2015. En ese sentido, tal vez un título más apropiado para el artículo de Héctor habría sido “Reglas manipuladas para ganar con el 43% de los votos”. Y un título alternativo para el nuestro sería “Es imposible manipular las reglas para ganar con el 20% de los votos. Las reglas no dan para tanto”.

Otras consideraciones

Hay razones adicionales a las que hemos discutido hasta ahora por las cuales se puede desconfiar del proceso de elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Una de las principales preocupaciones tiene que ver con el proceso de inscripción de candidatos, el cual requiere la recolección de firmas del 3% de los electores en la circunscripción respectiva en un plazo reducido de tiempo. Al mismo tiempo existen temores sobre las posibilidades de descalificaciones de postulaciones que restrinjan aún más la competitividad. Sin embargo, vale la pena mencionar que otros procesos electorales que nos podríamos imaginar, tales como las elecciones regionales, podrían estar marcados por procesos similarmente restrictivos en términos de plazos y postulaciones.

Otras razones para no participar en estas elecciones son más bien estratégicas. Un argumento es que la participación en las elecciones a la constituyente requeriría “enfriar la calle” y que son justamente las movilizaciones de calle las que le han dado a la oposición un mayor poder de negociación. Se teme que la participación en una iniciativa de este tipo podría configurar un episodio similar al de la participación en el diálogo con el gobierno a fines del año pasado, del cual no derivaron concesiones significativas.

También puede argumentarse que nuestras simulaciones solo tienen sentido en el caso de que la oposición vaya unida, escenario que parece poco probable dado que varios partidos de oposición han hecho muy clara su disposición de no participar en el proceso. Adicionalmente, varios sectores clave de la oposición podrían sentirse muy decepcionados de una decisión que podría ser percibida como un aval de un proceso viciado por diseño y su apatía al momento de votar podría disminuir significativamente las posibilidades de que la oposición ganase. Por otro lado, la experiencia con elecciones pasadas –tales como las mismas elecciones legislativas de 2015– muestra que cuando se acerca un escenario de confrontación electoral con el chavismo, incluso los sectores más escépticos tienden a movilizarse en el momento de votar.

Por otro lado, una de las razones por las que la opción de participar en la constituyente puede ser atractiva es que la Constitución faculta a la Asamblea Constituyente como expresión del poder originario, pudiendo incluso llegar a decidir la disolución de otras ramas del poder público. Por lo tanto, hay mucho que ganar de una victoria en las elecciones a la constituyente –y mucho que perder si el gobierno queda en control de ella–.

Al final, el escepticismo de muchos con la participación en la Constituyente tiene que ver con la idea de que no es posible que el gobierno se esté exponiendo al riesgo de perder una elección. Por ello, piensan los escépticos, las reglas deben estar tan manipuladas como para garantizarle la victoria al gobierno.  De lo contrario, el gobierno no las estaría proponiendo.

Nuestro análisis sugiere una interpretación diferente: tal vez el gobierno se dio cuenta de que es imposible manipular las reglas para garantizar la victoria, pero también se dio cuenta de que sí es posible convencer a la oposición de que no participe. En el lenguaje del póker, nos encontramos ante un bluff del gobierno que pretende tener más capacidad de manipular reglas que las que efectivamente tiene. Para que el bluff funcione, la oposición tiene que decidir retirarse del juego. En otras palabras, la única forma de ganar una elección con el 20% de los votos es logrando que el contrincante no participe.

***

[1] A efectos de estos cálculos no tomamos en cuenta el voto de los independientes, quienes no capturaron escaños en la elección de 2015. Usamos el voto nominal por municipio. Las diferencias con los cálculos de Briceño, quien le atribuye una ventaja menor (184-180) al gobierno, parecieran venir de diferencias en la fuente de datos usada. Mientras nosotros usamos datos oficiales del CNE, Briceño parece usar datos del Observatorio Electoral Venezolano. No nos queda claro por qué hay una diferencia entre estas bases de datos ni por qué una fuente no oficial es preferible en este caso particular.

[2] Esta aproximación genera un leve sesgo en contra de la oposición dado que no toma en cuenta que en distritos donde la oposición tiene más apoyo inicial, se le es más difícil aumentar su voto en la misma proporción. Sin embargo, la aproximación funciona razonablemente bien en contextos similares, tales como en la predicción del voto de la Asamblea Nacional en las elecciones del 2015. Ver https://www.caracaschronicles.com/2016/03/14/battle-of-the-pollsters-6d-edition/.

Decisión 378: el intento de aniquilar lo que queda de República; por José Ignacio Hernández

 31 de mayo, 2017

 

Finalmente la Sala Constitucional se pronunció en relación con la “convocatoria” de la “Asamblea Nacional Constituyente ciudadana” realizada por el Gobierno Nacional. Y lo hizo siguiendo su tendencia a decidir en favor del Gobierno: para la Sala, no es necesario consultar al pueblo —titular del poder constituyente— sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

La decisión, identificada con el Nro. 378 y fechada 31 de marzo de 2017, convalida el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente y cierra todo mecanismo institucional para detener tal propuesta.

¿Y ahora qué?

1. Las cuatro falacias de la Sala Constitucional

La decisión Nro. 378 —para justificar la conclusión según la cual es posible convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar al poder constituyente— acude a cuatro razones que, al examinarlas, están repletas de contradicciones.

En primer lugar, la Sala observa que en 1999 fue necesario consultar al pueblo sobre la convocatoria de la constituyente, pues la Constitución de 1961 nada preveía al respecto. Esta razón ya había sido asomada por Aristóbulo Istúriz.

Pero tal razón es falsa. En 1999 se consultó al pueblo sobre la convocatoria de la constituyente, pues el entonces presidente Chávez, asesorado entre otros por Hermann Escarrá, concluyó que solo el pueblo tiene derecho a decidir sobre la convocatoria de la constituyente, incluso, asumiendo que ese derecho ni siquiera puede ser desconocido por la Constitución.

Por esto, en realidad, si en 1999 se consultó al pueblo, fue porque se consideró que el pueblo es el soberano. Y si en 2017 se pretende obviar esa consulta, sencillamente, es porque se quiere usurpar la soberanía popular.

En segundo lugar, la Sala Constitucional observa que la Constitución de 1999 sí contempla la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, pero nada dice sobre el referendo popular para decidir su convocatoria. Y cita, en este sentido, el diario de debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

Esto también es falso. Como ya expliqué en Prodavinci, de ese diario de debates se puede concluir que la Constitución no aludió al referendo popular (pues no lo consideró necesario) al prevalecer la tesis del entonces constituyente Elías Jaua, quien esgrimió que la Constitución no podía regular al poder constituyente pues tal poder pertenece exclusivamente al pueblo.

También es falso lo que la Sala Constitucional señala, en cuanto a que había sido negada, en este debate, la propuesta del entonces constituyente Manuel Quijada de que la convocatoria de la constituyente fuese decidida mediante referendo.

Lo que pasó en realidad —y allí está el diario de debates para que cualquiera pueda leerlo— es que la propuesta de Quijada de reglamentar en detalle a la Asamblea Nacional Constituyente fue negada, pues de acuerdo con Jaua la Constitución no puede regular dicho poder al ser éste la esencia de la soberanía popular. Esto es, justamente lo contrario a lo que ahora dice la Sala Constitucional: que la Constitución sí puede regular el poder constituyente hasta el punto de impedir su ejercicio por el pueblo.

En tercer lugar, la Sala Constitucional asume la defensa del Gobierno al justificar que vistas las “circunstancias objetivas sobrevenidas” actuales en Venezuela, ante una “aguda situación de la crisis política”, el Gobierno puede convocar a una constituyente para “poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social” sin consultarle al pueblo.

Como en toda falacia, aquí salta la contradicción: ¿cómo puede ponerse de acuerdo a un país sin consultar para ello al pueblo? Además, la constituyente no se previó para resolver crisis políticas como falsamente alegan la Sala y el Gobierno. Se creó para dictar una nueva Constitución.

En cuarto lugar, la Sala observó que aun cuando la Constitución reconoce el principio de soberanía popular —artículo 5— lo cierto es que esa soberanía se ejerce no sólo de manera directa sino también de manera indirecta a través de sus representantes. Con lo cual, para la Sala, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución, puede ejercer indirectamente esa soberanía y decidir convocar a una constituyente sin que sea necesario consultar al pueblo.

De todas las falacias de esta decisión, ésta, sin duda, es la más grave.

Es falso lo señalado por la Sala —con pretendido apoyo en cierta doctrina que, a decir verdad, en nada sostiene la tesis de ese tribunal— en cuanto a que la soberanía popular para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no puede ser ejercida por el pueblo y que únicamente puede ser ejercida por el representante del pueblo, o sea, por el Gobierno Nacional.

La Sala olvidó mencionar que, en el artículo 5 constitucional, se indica que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y como la Sala debería saber, intransferiblemente significa que no puede ser transferido. Y como también la Sala debería saber (pues ha debido leer el libro de Hermann Escarrá Democracia: reforma constitucional y asamblea constituyente), el ejercicio del poder constituyente, como manifestación de la soberanía, en ningún caso puede ser cedido a los representantes, pues el pueblo mantiene intacto su derecho a decidir, soberanamente, y aprobar su propia Constitución. Precisamente eso fue lo que concluyó la antigua Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 19 de enero de 1999, que la Sala Constitucional cita pero para contradecirla.

Con lo cual, la Sala Constitucional –en su intento por justificar lo injustificable– confunde la democracia participativa con la democracia representativa. La democracia representativa no implica que los representantes “hablen por el pueblo”, pues ella sólo permite elegir a los representantes del pueblo dejando intacta la democracia participativa: esto es el derecho exclusivo del pueblo a decidir su destino mediante el ejercicio del poder constituyente.

Al exponer ese argumento, además, la Sala contradice su anterior sentencia —comentada aquí en Prodavinci— en la que justificó la eliminación del derecho al voto. En esa oportunidad la Sala concluyó que el derecho a la participación justificaba eliminar la representación, pero ahora la Sala dice que la representación justifica eliminar la participación. La contradicción no puede ser mayor.

En resumen: en varias páginas de la decisión, la Sala trata de argumentar por qué no es necesario consultar al pueblo sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la verdad emerge con claridad de los artículos 5 y 347 de la Constitución: el pueblo es titular de la soberanía y depositario del poder constituyente y en tal sentido es el único que puede decidir sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

3. ¿Y ahora qué?

Esta decisión de la Sala Constitucional cierra el único cauce institucional que existía para controlar la usurpación de la soberanía popular, ratificando de esa manera el golpe de Estado permanente que la propia Sala inició en 2015 en apoyo al Gobierno Nacional.

Luego de esto, el Gobierno pretenderá seguir con las fraudulentas “elecciones” de la asamblea que, como ya ha sido explicado por Héctor Briceño aquí en Prodavinci, se regirán por las ilegítimas reglas diseñadas por el Gobierno para controlar totalmente a la asamblea.

Logrado ese objetivo, el Gobierno, a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente sometida a su control, pretende acumular el poder absoluto y así remover todo obstáculo a ese poder, incluyendo la destitución de la Fiscal General de la República, la ratificación de la disolución de la Asamblea Nacional y la criminalización de toda protesta (tal y como lo ha dejado ver en recientes declaraciones).

Finalmente, alcanzados todos esos objetivos, el Gobierno pretenderá “autoaprobar” su Constitución calcada del Plan de la Patria. Nueva Constitución que, no nos quepa duda alguna, no será sometida a consulta popular porque será decidido por la “soberana” Asamblea Nacional Constituyente, como ya ha sido anunciado por varios voceros.⁠⁠⁠⁠

Por esto, he explicado que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente no sólo es un fraude más. Es, en realidad, el intento de aniquilar lo que queda de República.

¿Y qué pueden hacer los ciudadanos?

La respuesta está en los artículos 333 y 350 de la Constitución de 1999, normas que desde 1811 han estado presentes en nuestra vida republicana como legado de grandes pensadores como Juan Germán Roscio.

Esto es: desconocer el fraudulento proceso constituyente y restaurar la vigencia de la Constitución de 1999.

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